Es aprobado ya el proyecto en el que se reformarán una serie de disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas.
En este proyecto se discutieron y analizaron las siguientes iniciativas en mesas de trabajo:
Iniciativa para incluir la defraudación fiscal a los delitos de delincuencia organizada
La iniciativa fue presentada por el mismo Senador Alejandro Armenta, la cuál propone catalogar a la defraudación como delito del crimen organizado.
En ésta se incluyen actividades como la evasión al Fisco federal y a empresas como lo son las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
Iniciativa para aumentar la pena a quienes expidan o enajenen facturas falsas
La iniciativa fue presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, la cual propone aumentar la pena para aquellos que expidan/enajenen facturas o comprobantes falsos o inexistentes, así como actos jurídicos simulados.
La pena será de 5 a 8 años de prisión a quien se involucre con estos documentos. Se dispone un cambio sustancial en el marco legal para aumentar la transparencia, la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos y un mayor control de las instancias que son capaces de prevenir, investigar e imponer sanciones.
Iniciativa para endurecer los castigos por defraudación fiscal
La iniciativa fue presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, la cual establece modificaciones legislativas que permitan prevenir/sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, que dañan y perjudican a la Hacienda Pública.
Al ser analizadas las propuestas, éstas fueron argumentadas desde diferentes posiciones, pero los legisladores coincidieron en lo importante que es combatir estos actos.
Principalmente debido a que los crímenes anteriores son considerados una amenaza a la seguridad nacional, los cuales ameritan prisión.
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Con información de El Contribuyente.
